Este proyecto de ley permitirá que las mujeres decidan de forma libre e informada la interrupción voluntaria del embarazo hasta las catorce semanas de gestación y, de manera excepcional, hasta la semana veintidós cuando corra peligro su salud o hubiera anomalías en el feto. Además, la norma contempla más garantías jurídicas para las mujeres, más seguridad para los profesionales sanitarios y medidas para prevenir embarazos no deseados.

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha afirmado que la futura ley es equilibrada, garantiza los derechos de autonomía y libertad de las mujeres y no descuida la protección de la vida prenatal. Aído no cree que sea posible “proponer una ley más equilibrada que ésta”.